El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, manifestó en el Parlamento Andaluz que el voto ante el Pleno de esa institución al plan de ajuste que había elaborado su Gobierno suponía "no despedir a empleados públicos" en la comunidad autónoma.
Sin embargo, cuando la Consejería de Empleo ha tenido conocimiento de que se ha planteado un conflicto colectivo por parte del Comité de Empresa de Empleo en la provincia de Málaga el día 26/06/12 que afecta a los 413 promotores de empleo de Andalucia y que están dentro del VI Convenio Colectivo del personal laboral, la Junta de Andalucia ha procedido ipso facto al despido de esas 413 personas enviándoles un burofax a su domicilio el sábado 30/06/12.
Una REPRESALIA por ejercer el derecho colectivo: pedir que se abra un proceso de negociación para evitar un ERE encubierto.
No sólo sorprende y desagrada dicha acción impersonal sino que incumple los derechos establecidos para un proceso que afecta a un número considerable de familias, tanto por los que son despedidos como por los ciudadanos que van a tener falta de atención y orientación por parte del SAE ante el despido de un 25% del personal de sus oficinas.
Todo ésto ante la pasividad de Izquierda Unida, grupo político que gobierna en coalición y que por extensión es copartícipe directo de dicha decisión y forma de actuar del gobierno Andaluz.
El Gobierno de izquierdas del que presume nuestra comunidad, sólo muestra engaños y represalias hacia aquellos trabajadores que reclaman el cumplimiento de sus contratos y las promesas realizadas por nuestro Consejero, así como el cumplimiento de la legalidad.
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